La Comisión Nacional de Derechos Humanos AC (CNDHAC) expresa su profunda preocupación ante la reforma constitucional que el Congreso de la Unión se prepara para discutir y aprobar, la cual propone ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo ahora delitos fiscales, el periodismo y el activismo. Esta medida no solo atenta contra principios fundamentales del sistema de justicia, sino que también representa una amenaza para cualquier ciudadano que exprese oposición al gobierno. Bajo esta reforma, tener una postura crítica o de disidencia podría ser motivo suficiente para enfrentar cárcel, lo que vulnera garantías constitucionales y derechos internacionalmente reconocidos.
La Prisión Preventiva Oficiosa y los Derechos Humanos
La prisión preventiva oficiosa es una práctica que obliga a la privación de libertad de una persona, aún sin una sentencia condenatoria, simplemente por estar acusada de ciertos delitos. Esta medida, aunque constitucionalmente prevista en México, ha sido duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El principal argumento contra esta práctica radica en que contradice el derecho a la presunción de inocencia, uno de los pilares fundamentales de los sistemas jurídicos democráticos.
Violaciones a la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso
El derecho a la presunción de inocencia garantiza que toda persona acusada de un delito sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso judicial justo y equitativo. La prisión preventiva oficiosa, sin embargo, impone una pena anticipada sin que se haya probado la responsabilidad penal de la persona, colocando al acusado en una posición de desventaja ante la autoridad. Este mecanismo, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, genera una presunción de culpabilidad que se traduce en una violación al debido proceso.
Libertad Personal y Derechos Fundamentales
La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa también pone en riesgo la libertad personal, otro derecho fundamental de toda persona. La privación de libertad debe ser una medida excepcional y sujeta a criterios rigurosos de proporcionalidad y necesidad, especialmente cuando la acusación se basa en delitos fiscales o administrativos, o incluso actividades como el periodismo y el activismo. Someter a prisión preventiva oficiosa a una persona bajo estos conceptos vulnera la libertad individual de manera desproporcionada y viola el principio de igualdad ante la ley, pues no considera las circunstancias particulares de cada caso ni el riesgo real que representa el acusado para la sociedad.
El Riesgo de Abuso en la Persecución de Opositores
Esta reforma presenta, además, un riesgo profundo de abuso contra ciudadanos, activistas, periodistas y opositores. En palabras claras, cuando quieran encarcelar a un activista, a un periodista, a un opositor o a cualquier ciudadano, lo único que tendrán que hacer es acusarlo de defraudación fiscal y con eso lo encarcelan. Esta reforma es el “cerrojazo” en la ya larga serie de cambios constitucionales con los que Morena y sus aliados están pavimentando el camino al autoritarismo. Al abrir la puerta a la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales y otros como el activismo y el periodismo, se entrega un arma de control político que amenaza con silenciar voces críticas e independientes bajo la amenaza de privación arbitraria de la libertad.
Problemas en el Sistema Penitenciario: Hacinamiento y Violación a Derechos Humanos
Por otro lado, esta medida ignora una realidad crítica: el sistema penitenciario mexicano enfrenta graves problemas de sobrecupo, hacinamiento y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Antes de promover una reforma de esta magnitud, el Congreso debería resolver las condiciones inhumanas que existen en los penales, donde miles de personas viven en un ambiente de degradación y riesgo constante. Al ignorar estos problemas, la propuesta de ampliar la prisión preventiva oficiosa parece más un capricho que una solución real para mejorar la justicia en el país. Sin atender estas condiciones, la medida no hará más que agravar el colapso de un sistema ya saturado e ineficaz.
Prisión Preventiva Oficiosa: Instrumento Inútil en la Lucha Contra la Impunidad
A pesar de las intenciones del legislador de combatir la impunidad, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa no resolverá el problema de fondo. Estudios y análisis realizados en diversos contextos han demostrado que la prisión preventiva oficiosa no reduce la comisión de delitos ni contribuye a una mayor eficacia en la impartición de justicia. Al contrario, sobrecarga el sistema penitenciario, dificulta la reintegración social y, en última instancia, produce un efecto contraproducente al violar derechos humanos fundamentales.
Conclusión: Un Llamado a la Reflexión y al Respeto por los Derechos Humanos
La CNDHAC hace un llamado al Congreso de la Unión para que reconsidere esta propuesta y respete los derechos humanos de las personas, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Es imperativo que se abandonen las prácticas punitivas que no contribuyen a una sociedad más justa ni a una impartición de justicia más efectiva. Los derechos humanos deben ser la base de cualquier decisión legislativa, y cualquier reforma que atente contra ellos no solo vulnera los derechos de los ciudadanos, sino que mina los principios fundamentales de justicia y equidad.
Esta reforma, en lugar de resolver el problema de la inseguridad y la impunidad, erosiona los derechos fundamentales y representa un retroceso en la protección de los derechos humanos en México. Es momento de apostar por medidas justas, proporcionales y respetuosas de la dignidad humana, y no por mecanismos que agraven las injusticias y la desconfianza en nuestro sistema de justicia.
Morelia Mich. Mx.
Ing. Ernesto S. Bucio.
Secretaro Ejecutivo
CNDHAC
